De la pista a la fiscalización

Entre las asociaciones de ciclistas en Lima, unas promueven el respeto a su derecho al transporte no motorizado, otras organizan rutas de paseo o de aventura. A raíz de que la Municipalidad de San Isidro bloqueó un extremo del Puente de la Amistad, construido para conectar un malecón de Miraflores con otro sanisidrino, varias de estas organizaciones y ciudadanos de a pie han asumido la tarea de fiscalizadores. Nuevos y viejos alcaldes replican el estilo Castañeda: sin rendición de cuentas, sin respuesta a los regidores de oposición, con escuderos que recitan medias verdades, recortan espacio público para darlo a privados, o inventan obras para gastar inútilmente el presupuesto estatal.

El Perú da una apariencia engañosa de apatía por falta de redes de vigilancia ciudadana. Engañosa porque cada día miles denuncian abusos y delitos en medios y plataformas sociales. Las acciones que ciclistas, profesionales, comerciantes y otros realizan respecto de las administraciones involucradas -Lima, Miraflores y San Isidro- son un modelo a replicar. Se han dividido roles para obtener y analizar documentos, asistir a sesiones de concejo y transmitirlas en vivo. También han denunciado, ante la Fiscalía, al alcalde de San Isidro por atentar contra el libre tránsito e impedir el uso de un espacio público.

Las calles de Lima están llenas de atropellos y robos, pero las municipalidades se consolidan como lugar de robo de derechos ciudadanos y de verdades, no solo de apropiación ilegal de dinero público.

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